La autoridad jurídica residió en el soberano de cada unidad política; el monarca era legislador único, juez máximo y sus opiniones judiciales presentaban jurisprudencia que debía ser acatada por sus subordinados.

La justicia mesoamericana tuvo un planteamiento simple: a toda transgresión corresponde una sanción. Este principio básico tuvo efectos sociales y simbólicos profundos.